Disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) confirmaron el secuestro la víspera de nueve contratistas y funcionarios de la Gobernación del Cauca (oeste, en la costa del Pacífico) que, según denunciaron las autoridades locales, realizaban una misión humanitaria.

A través de un comunicado, el Estado Mayor del Bloque Occidental de las FARC-EP se atribuyó el secuestro de los contratistas y funcionarios en el municipio de López de Micay -siete mujeres y dos hombres-, y lo calificó como retención y acto legítimo. Agregó que «estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones«.

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Según el Estado Mayor del Bloque Occidental, desde la Gobernación y con fondos públicos se ejecuta un programa para la distribución de lo que llamaron equipamiento militar, que buscaría «reducir u obtener ventaja militar sobre nuestra organización».

Señaló que estos medios provocan «los cortes de señal de telefonía móvil y wifi que las comunidades han reportado» y que, en aras de proteger sus intereses mineros, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, «coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades«.

Las FARC-EP agregaron que evaluarán toda la información que reposa en los equipos obtenidos e investigarán la identidad de cada uno de «Los ahora prisioneros», quienes «serán tratados de la mejor manera y tendrán las mejores condiciones que les podamos brindar».

Por su parte, la Gobernación del Cauca rechazó el secuestro y subrayó que cumplían «una misión humanitaria y social, acercando la oferta institucional a las comunidades más apartadas del departamento«, en condición de vulnerabilidad.

Según su comunicado, «este equipo de trabajo, en articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados en su comunicado».

La Gobernación instó «a la liberación inmediata de estas personas, quienes cumplían funciones estrictamente civiles y sociales, en el marco del ejercicio legítimo del servicio público», mientras pidió «el acompañamiento inmediato de los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la comunidad internacional» para que sean liberados y continúe el proceso de construcción de paz en el territorio.

Además, solicitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a la sociedad colombiana y a los organismos internacionales que avalen su solicitud humanitaria.

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En este contexto, medios colombianos que abordaron este suceso informaron que el grupo no portaba armas y llevaba adelante lo que denominaron como proyectos de conectividad tecnológica y desarrollo comunitario.

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